Esto es una muestra de lo que he encontrado en la web de esa Fundación : ‘Si eres admitido al programa de Empieza Por Educar, serás destinado a un CENTRO PÚBLICO o concertado de ESO para dar clases de Matemáticas o de Lengua –según tu especialidad de estudios. Ya tenemos plazas en la Comunidad de Madrid y en breve podremos ofrecerte plazas en otras comunidades autónomas, puedes indicarnos tus preferencias al rellenar la solicitud online.
lunes, 31 de octubre de 2011
La Consejería de Educación está cubriendo la plantilla de centros públicos con profesores de la fundación privada Empieza por educar en centros públicos, mientras recorta 3.200 profesores inteinos.
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viernes, 28 de octubre de 2011
PROFESORA DETENIDA EN LA CONCENTRACIÓN EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL MADRILEÑA
Ayer fue detenida una profesora por pasar delante de la Consejería de Educación con la CAMISETA VERDE que lleva el lema "ESCUELA PÚBLICA, DE TOD@S PARA TOD@S ", durante la concentración para protestar por la situación de las escuelas infantiles públicas madrileñas. Esta protesta se suma a las manifestaciones, huelgas, encierros, concentraciones, cadenas humanas, etcétera que se mantienen desde septiembre contra los recortes en educación pública. Los docentes lo califican de "una nueva represalia de la consejería" que pone en peligro la libertad de expresión
Detenida una profesora en una concentración frente a la Consejería de Educación:
http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenida/profesora/concentracion/frente/Consejeria/Educacion/elpepuespmad/20111027elpepunac_29/Tes
Detenida una profesora en una concentración frente a la Consejería de Educación:
http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenida/profesora/concentracion/frente/Consejeria/Educacion/elpepuespmad/20111027elpepunac_29/Tes
viernes, 21 de octubre de 2011
MOCIÓN IU-LV: REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Izquierda Unida de Alcobendas ha presentado una moción al próximo Pleno Municipal, que se celebrará el día 25 de octubre a las 10:00 horas, para INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LA MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.
Grupo de Concejales
Izquierda Unida-Los Verdes
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hecho que se suma a la publicidad engañosa en la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos y cláusulas abusivas.
Desde Izquierda Unida-Los Verdes consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Consideramos que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerás las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General número 7 –que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Todo lo expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamiento se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún mas cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente:
MOCIÓN:
PRIMERO.- Pedir al Gobierno Central que, tal como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal , más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacios que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
TERCERO.- Estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
Portavoz Grupo Municipal IU-LV
Grupo de Concejales
Izquierda Unida-Los Verdes
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hecho que se suma a la publicidad engañosa en la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos y cláusulas abusivas.
Desde Izquierda Unida-Los Verdes consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Consideramos que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerás las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General número 7 –que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Todo lo expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamiento se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún mas cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente:
MOCIÓN:
PRIMERO.- Pedir al Gobierno Central que, tal como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal , más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacios que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
TERCERO.- Estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
Alcobendas, 17de Octubre de 2011
María Benito DurangoPortavoz Grupo Municipal IU-LV
COMUNICADO DE IZQUIERDA UNIDA ANTE EL ANUNCIO DE ETA
Cayo Lara califica de "gran noticia" el anuncio de ETA que "acaba con años de sufrimiento y abre un nuevo escenario para el futuro"
http://www1.izquierda-unida.es/node/9388
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, valora que “el anuncio realizado hoy por ETA en el que traslada su decisión de cese definitivo de la actividad armada es una gran noticia que acaba con decenas de años de sufrimiento y crea un nuevo escenario para el futuro del País Vasco y del conjunto de España”.
Para Lara, “se trata de una gran victoria de las fuerzas democráticas que hemos defendido siempre la aplicación del Estado de Derecho. Estamos ante un momento histórico, que debería haberse producido tras la conquista de la democracia, evitando así tanto dolor y tantas víctimas inútiles, con las que somos solidarios y que merecen hoy un reconocimiento especial”.
El coordinador federal de IU considera que “en cuanto este cese se verifique, el conjunto de las fuerzas políticas y los gobiernos deberemos estar a la altura de las circunstancias para superar las secuelas de la acción terrorista”.
jueves, 20 de octubre de 2011
EL DINERO DESCONTADO DE LAS HUELGAS PARA LA EDUCACIÇON PÚBLICA
En esta nueva jornada de huelga los profesores/as congregados/as frente a la Delegación de la Consejería de Educación en San Sebastián de los Reyes, han entregado en el registro de la DAT-Norte LA PETICIÓN DE QUE EL DINERO DESCONTADO DE LA HUELGA REVIERTA EN LOS CENTROS PÚBLICOS, así como la reclamación de horarios provisionales o definitivos.
“Marea verde educativa” ante la sede del Área Territorial Madrid Norte
Un centenar de profesores de la zona norte se ha concentrado en San Sebastián de los Reyes para secundar la huelga convocada en institutos y colegios de la región de Educación Primaria y Secundaria. Un refuerzo a las distintas manifestaciones que no cesará hasta que haya cambios en la política educativa de la Comunidad de Madrid.
http://www.sermadridnorte.com/noticias/marea-verde-educativa-ante-la-sede-del-area-territorial-madrid-norte_20148/
“Marea verde educativa” ante la sede del Área Territorial Madrid Norte
Un centenar de profesores de la zona norte se ha concentrado en San Sebastián de los Reyes para secundar la huelga convocada en institutos y colegios de la región de Educación Primaria y Secundaria. Un refuerzo a las distintas manifestaciones que no cesará hasta que haya cambios en la política educativa de la Comunidad de Madrid.
http://www.sermadridnorte.com/noticias/marea-verde-educativa-ante-la-sede-del-area-territorial-madrid-norte_20148/
"NOS DESVELAMOS POR LA ESCUELA PÚBLICA" EN ALCOBENDAS
En un momento de dificultades como el que están pasando nuestros Institutos queremos agradecer y felicitar las iniciativas y el interés que todos han puesto al realizar la actividad “Nos desvelamos por la escuela pública”. Una experiencia educativa muy interesante, una actividad pedagógica extraescolar, lúdica y en colaboración con todos los miembros de la Comunidad Educativa, padres y madres, alumnado y profesorado, que ha puesto en valor la Escuela Pública de Calidad que deseamos.
lunes, 17 de octubre de 2011
Multitudinaria manifestación en defensa de la escuela pública en Sanse y Alcobendas
Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de los institutos, colegios y escuelas infantiles de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se manifestaron ayer domingo 16 de Octubre por las calles de los dos pueblos para rechazar los recortes del gobierno de la Comunidad de Madrid a la educación pública.
La manifestación, que arrancó frente al ayuntamiento de Alcobendas, transcurrió en un ambiente festivo al que contribuyó tanto el sol veraniego como la composición de la manifestación con predominio de familias completas. Previamente muchos de los asistentes habían quedado en sus respectivos centros educativos y marchado en diferentes columnas que iban confluyendo en la plaza del pueblo de Alcobendas.
El recorrido de unos dos kilómetros congregó a unas 5000 personas, muchas de ellas ataviadas con las camisetas verdes símbolo de la lucha en defensa de la educación pública terminó a las puertas de la Dirección Territorial Norte de Educación (calle Valencia de Sanse) donde se leyeron comunicados por parte de representantes de todos los miembros de la comunidad educativa: Padres, alumnos y profesores.
Tanto en las consignas coreadas durante el recorrido de la protesta como en los distintos comunicados leídos al finalizar la manifestación se volvió a exigir la retirada de las instrucciones marcadas por el gobierno regional para el inicio de este curso.
"Las Madres y Padres nos hemos visto obligados a protestar en la calle porque estamos convencidos de que la merma de recursos humanos y materiales que conllevan estos nuevos recortes redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación humana de nuestros hijos e hijas. Creemos que representan un nuevo ataque contra la Escuela Pública ya que si bien ahora se producen mayoritariamente en la Educación Secundaria, son la continuación de los producidos, en cursos pasados, en las escuelas infantiles (0-3 años) y en los colegios de educación infantil y primaria. Son a nuestro entender una planificada hoja de ruta que busca su desmantelamiento.
Especialmente nos preocupan los recortes de profesorado, alrededor del 10% en los institutos de nuestra zona, porque van a afectar principalmente a los alumnos/as con más necesidades educativas y porque se están viendo afectados los programas de apoyo y orientación, los desdobles en idiomas, matemáticas y lengua, así como las salidas culturales o la apertura y atención de las bibliotecas escolares."
Volvemos a recordar los objetivos y las peticiones objeto de nuestra protesta. Exigimos:
1. Que sean retiradas incondicionalmente las citadas “INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DE 4 DE JULIO DE 2011, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2011/2012, A LOS CENTROS PÚBLICOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” y que sean repuestos en la plantilla de los IES de nuestros pueblos los docentes suprimidos.
2. Sean derogados los últimos decretos para las escuelas Infantiles y Casas de niños y que a nuestro entender suponen un claro deterioro de las condiciones educativas.
3. Exigimos a nuestros Ayuntamientos que velen por la calidad de la Educación Pública y por tanto soliciten a la Presidenta de la Comunidad de Madrid la derogación de estas instrucciones y normas.
Queremos agradecer el apoyo de los vecinos, organizaciones sociales y asociaciones que nos han expresado su solidaridad y compromiso con la escuela pública.
Especialmente queremos aprovechar esta nota para expresar nuestro cariño, respeto y agradecimiento al conjunto del profesorado de la escuela pública que mayoritariamente dedican su esfuerzo y trabajo en favor de la educación de nuestros hijos y que a diario intentan paliar en lo posible los efectos negativos de la mala decisión que ha tomado la Consejería de Educación.
La manifestación, que arrancó frente al ayuntamiento de Alcobendas, transcurrió en un ambiente festivo al que contribuyó tanto el sol veraniego como la composición de la manifestación con predominio de familias completas. Previamente muchos de los asistentes habían quedado en sus respectivos centros educativos y marchado en diferentes columnas que iban confluyendo en la plaza del pueblo de Alcobendas.
El recorrido de unos dos kilómetros congregó a unas 5000 personas, muchas de ellas ataviadas con las camisetas verdes símbolo de la lucha en defensa de la educación pública terminó a las puertas de la Dirección Territorial Norte de Educación (calle Valencia de Sanse) donde se leyeron comunicados por parte de representantes de todos los miembros de la comunidad educativa: Padres, alumnos y profesores.
Tanto en las consignas coreadas durante el recorrido de la protesta como en los distintos comunicados leídos al finalizar la manifestación se volvió a exigir la retirada de las instrucciones marcadas por el gobierno regional para el inicio de este curso.
"Las Madres y Padres nos hemos visto obligados a protestar en la calle porque estamos convencidos de que la merma de recursos humanos y materiales que conllevan estos nuevos recortes redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación humana de nuestros hijos e hijas. Creemos que representan un nuevo ataque contra la Escuela Pública ya que si bien ahora se producen mayoritariamente en la Educación Secundaria, son la continuación de los producidos, en cursos pasados, en las escuelas infantiles (0-3 años) y en los colegios de educación infantil y primaria. Son a nuestro entender una planificada hoja de ruta que busca su desmantelamiento.
Especialmente nos preocupan los recortes de profesorado, alrededor del 10% en los institutos de nuestra zona, porque van a afectar principalmente a los alumnos/as con más necesidades educativas y porque se están viendo afectados los programas de apoyo y orientación, los desdobles en idiomas, matemáticas y lengua, así como las salidas culturales o la apertura y atención de las bibliotecas escolares."
Volvemos a recordar los objetivos y las peticiones objeto de nuestra protesta. Exigimos:
1. Que sean retiradas incondicionalmente las citadas “INSTRUCCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DE 4 DE JULIO DE 2011, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2011/2012, A LOS CENTROS PÚBLICOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” y que sean repuestos en la plantilla de los IES de nuestros pueblos los docentes suprimidos.
2. Sean derogados los últimos decretos para las escuelas Infantiles y Casas de niños y que a nuestro entender suponen un claro deterioro de las condiciones educativas.
3. Exigimos a nuestros Ayuntamientos que velen por la calidad de la Educación Pública y por tanto soliciten a la Presidenta de la Comunidad de Madrid la derogación de estas instrucciones y normas.
Queremos agradecer el apoyo de los vecinos, organizaciones sociales y asociaciones que nos han expresado su solidaridad y compromiso con la escuela pública.
Especialmente queremos aprovechar esta nota para expresar nuestro cariño, respeto y agradecimiento al conjunto del profesorado de la escuela pública que mayoritariamente dedican su esfuerzo y trabajo en favor de la educación de nuestros hijos y que a diario intentan paliar en lo posible los efectos negativos de la mala decisión que ha tomado la Consejería de Educación.
lunes, 3 de octubre de 2011
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