El grupo IU-LV Alcobendas presenta una moción en contra de los recortes en Dependencia
Izquierda Unida-Los Verde ha presentado una moción al Pleno de Alcobendas para solicitar la retirada de los recortes que se han planteado desde el Gobierno a la Ley de Dependencia. “Estos recortes perjudican de forma gravisima a personas necesitadas y suponen el fin del mayor avance en protección social que se había producido en nuestro país en los últimos años”
MOCIÓN:
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD, supone el mayor avance en protección social
en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de
dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o
servicio.
Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la
Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro
desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro
que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que
durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de
dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado
a golpe de Real Decreto, generando
inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que
actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de
algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos
Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravado por lo
que es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el
Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de
modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad
de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también
en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico
y la generación de empleo.
El Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de
2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas
que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que
son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones
como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una burla hacia la sociedad
en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus
familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
Entre las medidas
adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
- La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que
decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son
mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80)
- El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre
las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las
economías familiares. El copago incrementa de manera importante las
aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando
la descapitalización de las familias.
- La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la
complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención
personalizada a las personas dependientes.
- La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en
el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso
criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando
públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación
y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en
España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las
prestaciones que reciben una media de 55
€ al mes.
- Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores
familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres.
- En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más
de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar
otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones
de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.
Todas estas medidas,
además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades,
suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la
desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que
se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o
servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se
puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de
dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había
producido en España en los últimos años.
Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas
en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un
paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado
Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en
situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las
necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y
solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas
pre-democráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España
con respecto a países europeos de nuestro entorno.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes en el Ayuntamiento de Alcobendas eleva al Pleno esta Moción, proponiendo
el siguiente acuerdo:
MOCIÓN:
1) Instar al Gobierno de España para que retire los
últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de
julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito
financiero.
2) Instar al Gobierno Central para que no aplique los
recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado,
suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba
para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de
283 millones de euros.
3) Que
cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su
tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el
atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un
nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación.
4) De la presente Moción se dará traslado al Gobierno
Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la
Federación de Municipios y Provincias.
Alcobendas, 13 de Septiembre de 2012
María Benito
Durango
