INTERVENCIÓN MARÍA BENITO EN PLENO MUNICIPAL
MOCIÓN CONTRA RECORTES EN DEPENDENCIA
Más
de un millón de personas en nuestro país necesitan atención de otros para
realizar actividades básicas de la vida diaria, es decir son dependientes.
Ancianos, discapacitados y enfermos que configuran uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad y también uno de los más afectados por los recortes.
Con
el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, echaba a andar en diciembre
de 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas
en situación de dependencia (LAPAD). Destacando como uno de sus mayores logros
el apoyo y el reconocimiento legal y económico de los cuidadores, tanto
profesionales como familiares.
Hasta
la reforma de la ley, los familiares cuidadores “no profesionales” podían
percibir una ayuda económica y los centros se financiaban con lo aportado por
cada dependiente a través de la LAPAD, copagos y subvenciones o conciertos.
El
13 de julio de 2012 será recordado como un viernes negro. Este día y por la vía
rápida gran parte del estado de bienestar conseguido a lo largo de lustros se
vino abajo con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
En este Decreto,
junto a las reformas en materia de empleo, de ajustes en el sector
energético o en los permisos del funcionariado, encontramos el Título numero
III dedicado íntegramente a “racionalizar” el sistema de dependencia.
En realidad tratamos con una derogación encubierta de
la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión. Acaba con la
protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia
y sus familias, dejándolas desatendidas
y en riesgo de exclusión social. Así como los derechos de los trabajadores/as
del sector de los Servicios Sociales y la Dependencia. Es por todo ello que
podemos calificar estas medidas de crueles y desalmadas con las personas más
vulnerables, incluyendo por supuesto a nuestros vecinos y vecinas de Alcobendas
que sufren esta situación.
En primer punto de esta reforma ya es por sí mismo
trascendental. Una medida inútil y sangrante. La ampliación a dos años del
plazo para resolver las ayudas tendrá consecuencias fatales, provocando que
miles de dependientes mueran sin atención. (Ya han fallecido más de 50.000
personas dependientes a la espera de un servicio o una prestación
económica) Como hemos reflejado en la
moción, 3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el
54% mayores de 80.
Otra de las medidas que mayor rechazo ha
generado es la reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por
cuidados en el entorno familiar. Más aun cuando el Ministerio se ha permitido
incluso criminalizar a los familiares que atienden a personas dependientes
hablando públicamente de “fraude”. Además el Estado deja de financiar la
Seguridad Social de los cuidadores familiares que afectará a 180.000 personas,
de las cuales el 94% SON MUJERES –algunas de ellas vecinas de Alcobendas-
El conjunto de medidas supone la
desatención de más de 270.000 personas, un recorte inmediato de 1.000 millones
de euros y recortes a los profesionales y a los centros – que son abocados al
cierre-. Por todo ello reiteramos que estos recortes suponen el fin de uno de
los mayores avances en protección social que se había producido en España en
los últimos años. Y un paso atrás en el concepto constitucional del Estado
Social.
De nuevo las familias se quedan solas,
sin ayuda para el cuidado de las personas en situación de dependencia. Y lo que
es más grave, dejando a iniciativas caritativas y/o solidarias la cobertura de sus
necesidades más básicas. El retroceso es tan grave que les lleva de nuevo a la
beneficencia.
En resumen, tanto las medidas aprobadas
como las justificaciones para ponerlas en práctica son un agravio hacia la
sociedad en conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus
familiares y hacia los profesionales del sector de los servicios sociales.
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