Plataforma Norte en Defensa de lo Público

La Plataforma Norte en defensa de lo público nace de la unión de los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, colectivos sociales y algunos partidos políticos del norte de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de defender los derechos sociales y laborales adquiridos en las últimas décadas gracias a las luchas llevadas a cabo por los trabajadores y trabajadoras de este país. Rechazamos los recortes en Educación, en Sanidad y en los demás servicios sociales, entendiendo que todos estos servicios son derechos inalienables de los ciudadanos y la mejor forma de conseguir igualdad, dignidad y justicia social en nuestra sociedad.

Ante la agresiva manipulación mediática que defiende que es necesario el desmantelamiento del sector público para hacer frente a la crisis del sistema capitalista llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, sindicatos y partidos políticos a la movilización masiva.

A partir de la creación de esta Plataforma, todos los firmantes aprobamos este manifiesto [adjunto] y nos comprometemos a la defensa permanente de dichos servicios públicos.

Por todo esto queremos pedirte que te sumes a la Plataforma Norte en defensa de lo público.

MANIFIESTO :

PLATAFORMA NORTE EN DEFENSA DE LO PÚBLICO

Las Organizaciones Sindicales CC.OO. y U.G.T. de la Zona Norte,  los Partidos Políticos de la Izquierda Social junto con Asociaciones de la Zona, hemos elaborado el siguiente manifiesto, que esta  abierto a la  adhesión de distintos grupos cuyo ideario contemple la defensa de los Servicios Públicos.

Los servicios públicos de calidad son la base del estado de bienestar. Al ser universales y accesibles, atienden con eficacia las necesidades de la ciudadanía, sobre la base del principio de igualdad. Por ello, el gasto social destinado a mantener los servicios públicos, es la mejor inversión que los gobiernos pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.

Nuestros servicios públicos constituyen uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo del país, son un sector estratégico eficiente y de alto valor añadido de la economía española, que concentra conocimiento, genera igualdad y cohesiona la sociedad en nuestro país.

Estos servicios públicos que hoy disfrutamos, son consecuencia de muchos años de lucha social, sindical y política en defensa de las libertades democráticas.

Las decisiones que están adoptando el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mayoría de los Gobiernos Municipales de la zona de recortar el gasto social para salir de la crisis, mediante la reducción de las prestaciones, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar que es patrimonio de la ciudadanía.

España no solo no gasta más que otros países de la UE en el sostenimiento del Estado del Bienestar, sino que el gasto está muy por debajo de la media europea.

La crisis económica no ha afectado a todos por igual, ni a todas las fuentes de renta con la misma intensidad. La protección integral y la universalización de la cobertura, son parte indispensable del Estado Social, y han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de igualdad, libertad y participación. Por ello nos preocupa que la crisis sirva también de excusa para un retroceso en los derechos civiles ya alcanzados o en el avance en los derechos constitucionales que todavía no han sido aplicados a todos los colectivos de los empleados públicos por igual. Igualmente queremos destacar el aumento de la discriminación de las mujeres, inmigrantes, ancianos y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país y forma parte del contrato social gracias al derecho constitucional a la educación, es el único garante de la universalidad y la igualdad de oportunidades. Esta siendo puesta en riesgo por los continuos recortes realizados por el gobierno central, sumado a las políticas desarrolladas por el ejecutivo de Esperanza Aguirre que prima la enseñanza privada en detrimento de la pública reduciendo las becas, aumentando las tasas, despidiendo a miles de profesores, paralizando inversiones e incrementando el número de alumnos por aula entre otra medidas.

La sanidad pública, es uno de los servicios públicos mejor valorado por los ciudadanos. El proceso privatizador de la sanidad madrileña conlleva una disminución de prestaciones, calidad y eficacia, aumentando el gasto público y reduciendo la cartera de servicios como vacunas, prótesis, ambulancias, cierre de centros y disminución de números de camas. A estos recortes se ha sumado el gobierno de Rajoy introduciendo copagos y expulsando del sistema nacional de salud a jóvenes sin empleo, parados de larga duración,  inmigrantes, etc...

Estos solo son dos aspectos muy importantes que ha cambiado la política en nuestra comunidad pero no nos olvidamos de otras medidas abusivas como;  la eliminación de la ley de dependencia la cual siempre estuvo paralizada por Esperanza Aguirre, sus intenciones de privatizar el canal de Isabel II, las trabas para el acceso a la justicia, la implantación de peajes de carretera, y el encarecimiento y deterioro del transporte público.

Nosotros no compartimos estas políticas de recortes. Consideramos que los servicios de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello exigimos a los Gobiernos que rectifiquen en la orientación de las políticas sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social. Defendemos la gestión pública directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Exigimos la reorientación de la política económica, retomando el objetivo de su reconversión hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social, ni la creación de empleo.

Nos parece importante que los culpables de la actual situación no queden impunes. Reclamamos que los causantes de la actual crisis respondan ante los tribunales por su mala gestión.

Apostamos por otra salida de la crisis: solidaria, redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces. Defendemos que se mantengan las políticas sociales públicas, sustentadas en unos sistemas fiscales progresivos en los que aporten más el que más tienen. Creemos en el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación social.

Las organizaciones y entidades firmantes de este manifiesto  defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en nuestros pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad.

Hay otra manera de salir de la crisis.