Intervención:
La Ley
15/97 sobre la Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional
de Salud, aprobada en el Parlamento hace 12 años con los votos de PP, PSOE,
PNV, CiU y CC, establece que los hospitales y centros sanitarios pueden ser
gestionados por cualquier tipo de entidades existentes en derecho. Es decir,
permite la entrada de la empresa privada en la gestión y provisión de
servicios.
Únicamente
Izquierda Unida y BNG votamos en contra de esta ley -- y no ha sido fácil
mantener la lucha desde entonces, ni hacer comprender que la ley 15/97 era la
clave para el proceso de privatización que ya entonces se había iniciado.
Los
hechos posteriores han confirmado que esta ley es el pilar jurídico que ampara
la privatización. Y así lo refleja la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia que literalmente explica que “el soporte legal a la concesión
administrativa vendría dada por el Real Decreto 10/1996 y Ley 15/1997 … no cabe
duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de gestión tanto a
entidades y personas, públicas como privadas, y formas de gestión directa e
indirecta” -- sentencia referente a la
denuncia sobre la ilegalidad del Hospital de Alzira gestionada por la UTE
Ribera Salud (Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa) y puesto en marcha
por Antonio Bargueño, entonces Director Asistencial de Adeslas y hoy Director
General de Hospitales de la Comunidad de Madrid.
Mientras,
por ejemplo, los gobiernos y parlamentos de Canadá, Gales o Escocia dan marcha
atrás en los planes de privatización de su sanidad, el PP de Madrid sigue
adelante con el objetivo de poner en manos privadas la mayor parte de la red
sanitaria pública.
Desde
hace años, la Comunidad de Madrid liderada por Esperanza Aguirre ha ido
privatizando la Sanidad Pública de nuestra región, ahora con la excusa de la
crisis, Ignacio González coge el relevo y presenta unos presupuestos y un
plan—mal llamado de “garantías de sostenibilidad del sistema sanitario público”--
que en definitiva lo que pretende es desmantelar y ultimar el plan privatizador
de la Sanidad Pública madrileña.
De esta
manera, y aunque los ataques contra nuestros derechos fundamentales han sido
permanentes, los últimos meses se han precipitado las reformas y recortes en
materia sanitaria. Uno de los mayores asaltos ha sido la reforma del gobierno
de Mariano Rajoy del Sistema Nacional de Salud, que hasta ahora venía siendo
público, gratuito y universal y cuya modificación ha supuesto una involución
sin precedentes en el derecho ciudadano a la Sanidad. Con este golpe se vulnera
la propia Constitución ya que los inmigrantes sin papeles han perdido el
derecho a la asistencia sanitaria, por tanto se pierde la universalidad. Y para
el resto de ciudadanos y ciudadanas solo están cubiertas las atenciones
básicas, para todo lo demás se abre el camino del copago.
Además,
como venimos denunciando desde hace años, los madrileños y madrileñas estamos
sufriendo por partida doble los efectos de las políticas neoliberales del PP ya
que la comunidad de Madrid ha realizado un
DRASTICO CAMBIO EN EL MODELO SANITARIO DE NUESTRA REGION. En concreto,
- privatizando 100% la gestión de 6 hospitales de la comunidad --entre ellos nuestro hospital Infanta Sofía-- y el 10% de los centros de salud –que como no dicen cuales todavía no sabemos los que serán privatizados en Alcobendas--
- privatizando la Unidad Central de radio-diagnóstico
- privatizando los servicios no sanitarios –lavandería general, celadores, cocinas, mantenimiento etc.—
- concentrando los laboratorios en 4 hospitales
- o implantando el euro por receta –cuyo cobro ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, de momento de forma cautelar al ser admitidos los recursos presentados contra esta ley autonómica – uno de ellos por Vds mismos –
Todas
las concesiones administrativas realizadas por el PP de la Comunidad que han
puesto en marcha los hospitales de gestión privada en Madrid, se han hecho bajo
la cobertura jurídica de la Ley 15/97. La aplicación de esta ley y su posterior
desarrollo normativo nos ha llevado a una situación donde grandes empresas
constructoras y fondos de inversión de alto riesgo llegan a gestionar servicios
sanitarios – (no solo no sanitarios) –
El PP
justifica el Plan como una medida de ahorro ante la crisis –FALSO— La realidad del “plan” es convertir la sanidad
pública en un suculento negocio, sin riesgo alguno para los inversores
privados. Esto supone un desvío de dinero procedente de nuestros impuestos para
lucrar ciertas empresas -que se aseguran
un beneficio económico- pretendiendo además un rescate si las ganancias no son
las esperadas --como ha ocurrido con
Alzira o Manises—
Con el
fin de justificarse ante la población –y si acaso no sufrir un gran desgaste
electoral- el PP lleva años deteriorando la sanidad pública madrileña al tiempo
que una campaña de descrédito e insostenibilidad. Entre estas FALSEDADES, la más repetida podría
ser que la gestión privada mejora la eficiencia o abarata costes, nada más
lejos de la realidad.
- la privatización de los servicios sanitarios NO van a mejoran la eficiencia del sistema sanitario. La experiencia nacional e internacional refleja claramente que la gestión privada resulta más cara que la pública y que a largo plazo supone una amenaza para la sostenibilidad del sistema, para su carácter universal y para el mantenimiento de las prestaciones.
- El Plan de ordenación de recursos humanos -que va a amenazar los puestos de trabajo de muchos profesionales, supone el traslado forzoso de otros y la contratación por empresas privadas de una nueva plantilla- pondrá en serio riesgo la calidad de la atención y la viabilidad de numerosos servicios.
- Y lo más sangrante, que el sistema sanitario es insostenible -TAMBIEN FALSO- IU ha presentado alternativas y muchos colectivos lo han hecho igualmente. Existen márgenes para mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud de manera justa.
Habría dinero para garantizar una sanidad de calidad si recuperamos:
- Los 90.000 millones de fraude fiscal anual (dinero suficiente para financiar otro sistema sanitario)
- Los 2.000 millones del impuesto de patrimonio –solo para patrimonios superiores a un millón y medio de euros.
- Los 3.000 millones anuales de la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
- Algo del gasto militar. Por cada avión de combate Eurofigther se pueden construir 3 hospitales
Nuestro
Sistema público de salud ha sido construido con el esfuerzo de todos los
ciudadanos y ciudadanas que de una forma solidaria aportan sus impuestos para
que sea universal, de calidad y de gestión pública. Lo que el PP de la
Comunidad está ejecutando es, nada más y nada menos, que privatizar un DERECHO
que viene consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y por supuesto en la
Constitución española.
Por esto
mismo, porque es un DERECHO CIUDADANO, más que un servicio público, ha motivado
que la marea ciudadana contra la privatización de la sanidad se convierta en un
verdadero tsunami en defensa de la SANIDAD PÚBLICA.
Todavía
estamos a tiempo de salvar nuestro sistema sanitario, valorado entre los
mejores del mundo por la calidad de sus servicios y por su carácter universal,
gratuito y solidario. Defendamos lo que nuestros padres construyeron y nuestros
hijos merecen heredar.
Somos
pacientes –NO CLIENTES- No permitamos que la sanidad se convierta en un negocio
en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.
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